Exigen la nulidad de la causa con la cual se intenta culpar a las comunidades por los incendios forestales del verano pasado. La jornada de protesta de Esquel incluyó la presentación de una demanda contra el fiscal del caso y el gobierno.
En el marco de las investigaciones sobre las autorías de los incendios forestales que azotaron la Patagonia el verano pasado, el poder judicial de Chubut decidió hostigar, estigmatizar y perseguir a las comunidades Mapuche -Tehuelche: el martes 11 de febrero por la mañana, la Policía de Chubut está allanó domicilios particulares, territorios y la Radio Comunitaria Petü Mogeleiñ, por orden del juez penal de ejecución en Esquel, Jorge Criado, el fiscal Ismael Cerda y la procuradora fiscal María Cecilia Bagnato. En total, fueron 12 las comunidades allanadas. Por ello hoy, martes 9 de diciembre, se realizó una acción pacífica en los tribunales de Esquel, donde exigieron la nulidad de la causa. La jornada concluyó con la realización de la denuncia penal hacia el Fiscal Cerda y el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Recapitulando: allanamientos simultáneos
En febrero, durante los allanamientos se registraron distintos tipos de violencias: se han agredido ancianos, niños, asesinado a varios de los perros de las comunidades y destruyeron las instalaciones de la Radio Petü Mogeleiñ. Se han incautado objetos que aún no han sido devueltos, como celulares, libros, herramientas de trabajo, computadoras y dibujos realizados por las niñeces de las lof (comunidades). Además, se han hisopado contra su voluntad a 60 personas, reteniendo su material genético y no informando para qué será utilizado.
La violencia no terminó con los allanamientos: desde el Lof Pillán Mawiza durante días posteriores denunciaron que la policía estaba utilizando los celulares secuestrados para escribirles a sus contactos y que vehículos sin patentes rondaban por el territorio. Además, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, mintió durante la conferencia de prensa del día 12 de febrero, diciendo que pesaban causas judiciales sobre los integrantes de aquella Lof. En principio, desde el Lof Pillán Mawiza, se acercaron voluntariamente a la Fiscalía para ver si pesaban causas pendientes sobre ellos, para “ver si alguno de los dichos del gobernador, tenían fundamento legal”. Allí pudieron comprobar que no hay causa alguna.
A raíz de esta seguidilla de injusticias y violencias, las comunidades afectadas por los allanamientos, criminalización y persecusión, decidieron realizar una acción pacífica en los Tribunales de Esquel este martes 9 de diciembre, cerca de las 10:30. “Entendiendo que el aparato legal se ha convertido en una herramienta represora y justificadora de las políticas asesinas”, el objetivo de dicha acción fue poner un freno a la persecusión a su pueblo, que se ha intensificado en los últimos dos años desde la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, como expresa el siguiente comunicado:
Fuente: ANRED
