El gobierno de Chubut aprobó el permiso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para que la empresa canadiense Jaguar Uranium inicie tareas de exploración en el proyecto Laguna Salada, un yacimiento de uranio ubicado en la meseta provincial y considerado de alto potencial por la industria minera.
La decisión habilita a la compañía a avanzar en la fase inicial de exploración en el sector denominado “Guanaco”, lo que incluye estudios geofísicos, muestreos de superficie, excavaciones, perforaciones y la construcción de caminos y campamentos.
La autorización vuelve a encender el debate sobre el avance de la actividad minera en una provincia donde amplios sectores de la sociedad han expresado históricamente su rechazo a este tipo de proyectos, especialmente por los posibles impactos sobre el ambiente y las fuentes de agua.
Organizaciones socioambientales advierten que la exploración suele ser el primer paso hacia proyectos de extracción a gran escala y cuestionan que se habiliten iniciativas vinculadas al uranio, un mineral asociado a riesgos ambientales y sanitarios si no se aplican controles estrictos.
Desde la empresa celebraron la aprobación del estudio ambiental y señalaron que permitirá acelerar el cronograma de exploración.
El director ejecutivo de Jaguar Uranium, Steven Gold, calificó el permiso como un “hito importante” para la compañía y agradeció al gobierno provincial por la rapidez en la aprobación del expediente.
La firma realizó recientemente una oferta pública inicial por 25 millones de dólares, con la que financiará la primera etapa de trabajos en la zona.
Un proyecto observado por la industria minera
El yacimiento Laguna Salada es seguido de cerca por el sector minero internacional debido a su potencial como depósito de uranio cercano a la superficie.
En un contexto global marcado por la búsqueda de fuentes energéticas alternativas, el uranio volvió a ganar relevancia como combustible para centrales nucleares. Sin embargo, especialistas advierten que su explotación puede generar impactos ambientales significativos si no existen regulaciones y controles rigurosos.
Para los sectores críticos, la aprobación de la exploración marca un nuevo capítulo en la disputa por el modelo productivo de la provincia, donde desde hace años se debate entre la promoción de proyectos extractivos y la defensa de los recursos naturales de la Patagonia.
