Los fiscales solicitaron que el certificado de defunción de la joven registre que fue víctima de femicidio. La medida, aseguran, tiene un profundo valor simbólico, jurídico y humano para su familia y para todas las mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema.
Cecilia, asesinada en junio de 2023 en un contexto de violencia machista, se convirtió en un emblema nacional. Su madre, Gloria Romero, encabezó marchas, denuncias públicas y reclamos insistentes para que su hija no fuera borrada ni de la memoria ni de los registros oficiales. Ahora, tras las condenas dictadas por el jurado popular a César Sena —su expareja— y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la fiscalía busca dar un paso más en la reparación simbólica.
“Es la primera vez que se logra una condena en juicio por jurado sin cuerpo y sin certificado de defunción que lo acredite”, destacó el procurador general Jorge Canteros, subrayando la relevancia del pedido. Para el funcionario, reconocer en el documento oficial que Cecilia fue víctima de un femicidio implica validar institucionalmente aquello que la investigación probó: que la mataron por ser mujer y en un contexto de violencia de género sostenida.
Canteros puso en palabras la magnitud de la causa: “Es el juicio más importante de mi carrera y de la historia judicial de la provincia”. Y recordó que, pese a que muchos aseguraban que sin cuerpo no habría justicia, “Cecilia habló”: el hallazgo de su valija, su dique, y de restos quemados en el río permitió reconstruir su destino.
El Equipo Fiscal también pedirá que las cenizas de Cecilia sean restituidas a su madre, si ella así lo desea. La decisión apunta a restituirle a la familia el derecho a despedir a la joven con dignidad, un derecho profundamente vulnerado por la violencia ejercida sobre ella.
El fiscal Juan Martín Bogado explicó que, cumplidos los plazos legales, solicitarán a la jueza Dolly Roxana Fernández que la inscripción del fallecimiento lleve como causa “femicidio”, no solo para completar el expediente judicial, sino para sentar un precedente que visibilice a las víctimas y reconozca el carácter estructural de la violencia machista.
Miguel Fonteina, procurador general adjunto, destacó el impacto humano de la medida: “Es un pequeño bálsamo y una tranquilidad enorme para la familia de Cecilia. Sabemos que miles de familiares de víctimas se ven reflejados en este fallo histórico”.
La investigación —compleja, extensa y sin cuerpo— demandó la intervención del Equipo Especial Fiscal, de unidades policiales especializadas y de médicos forenses. “Fue un trabajo arduo”, admitió el fiscal Jorge Omar Cáceres Olivera, mientras que la fiscal Nelia Yael Velázquez agradeció el compromiso de todos los profesionales involucrados.
El próximo 26 de noviembre, la jueza Fernández dará a conocer las penas para los responsables del femicidio y para los encubridores. Pero para la familia y para el movimiento de mujeres, lograr que el Estado registre oficialmente el femicidio de Cecilia representa una forma de reparación y de memoria activa frente a una violencia que sigue cobrando vidas en todo el país.
