Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de cárcel por el crimen de Érica Soriano, desaparecida en 2010 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Ahora, una decisión judicial podría acortar el tiempo que deberá permanecer detenido por los estudios y cursos realizados durante su encierro. La familia de la víctima se opuso y llevó el planteo ante la Cámara.
El caso de Érica Soriano vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. Daniel Lagostena, condenado a 22 años de prisión por el homicidio de la joven, obtuvo una reducción en el cómputo de su pena vinculada con las actividades educativas realizadas mientras permanece detenido.
La decisión fue adoptada por el juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino y generó el inmediato rechazo de la familia de Soriano, que apeló la resolución. Ahora será la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora la encargada de revisar la medida y determinar si corresponde mantener el beneficio.
La controversia gira alrededor de la aplicación del artículo 140 de la Ley 24.660, que contempla estímulos educativos dentro del régimen de ejecución de las penas para las personas privadas de su libertad que completen determinados estudios y actividades de formación.
El abogado de la familia Soriano, Marcelo Mazzeo, cuestionó la interpretación realizada por la defensa de Lagostena y aseguró que el condenado viene intentando desde hace tiempo acceder a mecanismos que puedan adelantar su salida de prisión.
Según explicó el letrado, la defensa está realizando una interpretación “bastante poco feliz” de la norma, cuyo objetivo está relacionado con la reinserción social de las personas condenadas.
Condenado, pero sin revelar dónde está Érica
El posible beneficio genera especial indignación entre los familiares porque Lagostena nunca informó dónde se encuentra el cuerpo de Érica Soriano, a pesar de haber sido condenado por su homicidio.
Érica desapareció en agosto de 2010 cuando tenía 30 años y estaba embarazada. La investigación terminó colocando a quien era su pareja en el centro de las sospechas y, años después, la Justicia lo encontró responsable de su muerte.
Aunque el cuerpo nunca apareció, Lagostena fue condenado a 22 años de prisión.
Ahora la discusión ya no pasa por su responsabilidad penal, sino por cuánto tiempo deberá permanecer efectivamente tras las rejas. La resolución quedó en manos de la Cámara de Lomas de Zamora, que deberá analizar la apelación presentada por la familia y definir si la reducción concedida se mantiene o queda sin efecto.
