17 abril, 2026
Comodoro Rivadavia, Chubut
Género

Amnistía Internacional llevó a la Justicia las trabas para acceder al aborto en San Isidro

Amnistía Internacional presentó una acción judicial para exigir respuestas por las presuntas barreras que enfrentan mujeres y personas gestantes al momento de acceder a la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud municipal de San Isidro.

La organización busca que se investiguen y remuevan los obstáculos denunciados, al considerar que podrían vulnerar derechos garantizados por la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.

La presentación se basa en una investigación periodística difundida por CNN en Español, donde una mujer relató las dificultades atravesadas en septiembre de 2025 para acceder a la práctica en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.

Según ese informe, existirían indicios sobre un supuesto protocolo interno con derivaciones, exigencias y circuitos administrativos que serían incompatibles con la legislación vigente.

A esto se suman testimonios recibidos por Amnistía a través de sus canales de denuncia, donde se reportaron demoras, interferencias y situaciones de hostigamiento.
Qué reclama la organización

La acción judicial apunta a obtener información oficial sobre la posible existencia de un “Protocolo de Actuación ante Solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, además de otras prácticas señaladas por usuarias del sistema público local.
Desde Amnistía sostienen que lo que está en juego es el acceso efectivo a un derecho ya reconocido por ley.

La directora ejecutiva de la entidad en Argentina, Mariela Belski, afirmó que ninguna mujer ni persona gestante debería atravesar dilaciones, violencia institucional ni obstáculos indebidos al solicitar la interrupción del embarazo.

La organización espera que la Justicia dicte medidas urgentes para acceder a información pública, esclarecer responsabilidades y garantizar que el municipio cumpla con la normativa nacional.

El caso vuelve a poner en agenda las dificultades que aún persisten en distintas jurisdicciones del país para acceder de manera oportuna, digna y segura a derechos ya reconocidos legalmente.