La Amnistía Internacional advirtió que las políticas de ajuste fiscal y los presuntos hechos de corrupción en áreas sensibles del Estado argentino impactan directamente sobre derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección social.
El pronunciamiento se dio luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobara la Resolución 2/26, considerada inédita dentro del Sistema Interamericano por establecer estándares de derechos humanos para las políticas fiscales de los Estados.
Según el documento, las decisiones sobre impuestos, gasto público, presupuesto y deuda no pueden evaluarse únicamente desde criterios económicos, sino también por su impacto sobre los derechos de la población.
El impacto del ajuste en Argentina
Amnistía sostuvo que la resolución cobra especial relevancia en el contexto argentino, marcado por recortes presupuestarios en áreas sociales y educativas. La organización mencionó como ejemplo la reciente Marcha Federal Universitaria, en la que estudiantes, docentes y organizaciones reclamaron financiamiento para las universidades públicas y recomposición salarial.
Además, el informe señaló que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó alrededor de un 28% en términos reales, afectando especialmente áreas vinculadas a promoción social, educación, salud y jubilaciones.
Entre los datos difundidos, se indicó que:
el gasto en promoción y asistencia social cayó un 78%;
educación y cultura, un 58%;
y salud, un 41% en términos reales.
Recortes y denuncias en ANDIS
El documento también hizo referencia a las irregularidades denunciadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se investigan presuntos sobreprecios en compras de sillas de ruedas, prótesis e insumos médicos.
Según la información citada, algunas adquisiciones habrían registrado diferencias de hasta un 4.239% respecto de valores de referencia.
La CIDH advirtió en ese sentido que la corrupción y el desvío de recursos públicos pueden constituir violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad.
El pedido de Amnistía
Finalmente, Amnistía Internacional reclamó que el Estado argentino adecue sus políticas fiscales a estándares internacionales de derechos humanos y exigió evaluaciones previas de impacto antes de aplicar nuevos recortes presupuestarios.
También pidió una investigación “exhaustiva, independiente y pública” sobre las denuncias en ANDIS, con sanciones y recuperación de fondos en caso de comprobarse irregularidades.
