Mientras el Gobierno sostiene un discurso de austeridad, funcionarios cercanos al jefe de Gabinete desembarcaron en empresas estatales con salarios que superan incluso al del propio Presidente.
En medio de un contexto económico atravesado por recortes, ajuste fiscal y pérdida del poder adquisitivo, una nueva polémica golpea al Gobierno nacional: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, designó a integrantes de su círculo más cercano en cargos estratégicos dentro del Correo Argentino y la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU), con salarios que rozan los 6 millones de pesos.
El contraste no pasó desapercibido. Mientras se promueve un discurso de reducción del gasto público, en la práctica se consolidan estructuras con altos niveles salariales y designaciones políticas que responden más a la lógica de confianza personal que a criterios de transparencia o idoneidad.
Las designaciones evidencian un patrón claro: funcionarios que ya formaban parte del entorno de Adorni fueron ubicados en posiciones clave dentro de organismos estratégicos. Entre ellos, Aimé Ayelén Vázquez, señalada como una de sus colaboradoras más cercanas, quien ahora integra el directorio del Correo Argentino.
A esto se suma la presencia de otros nombres con trayectoria política, algunos de los cuales incluso acumulan cargos dentro del Estado, una práctica que contradice los principios de eficiencia y orden administrativo que el propio Gobierno dice impulsar.
En paralelo, la situación se vuelve aún más delicada por el avance de una investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información detallada sobre sus bienes, propiedades y movimientos migratorios, en busca de posibles inconsistencias entre sus ingresos y su nivel de vida.
Entre los puntos bajo análisis, figura la compra de una vivienda en condiciones que generaron sospechas, alimentando las dudas sobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones.
Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por el silencio ante los cuestionamientos, lo que profundiza la desconfianza y deja expuesta una contradicción cada vez más evidente: mientras se exige esfuerzo y sacrificio a la sociedad, en las altas esferas del poder se consolidan privilegios difíciles de justificar.
El caso también pone el foco en la Agencia de Publicidad del Estado, un organismo clave en el manejo de la pauta oficial, cuyo control político refuerza la concentración de poder en la Jefatura de Gabinete.
En definitiva, más allá de las designaciones puntuales, lo que emerge es una discusión de fondo: la coherencia —o falta de ella— entre el discurso de ajuste y las prácticas reales dentro del Estado.
