A pocos días de un nuevo 24 de marzo, un estudio de Amnistía Internacional revela un dato contundente: el 75% de los jóvenes se opone a un eventual indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
La encuesta, realizada junto a la consultora Dynamis entre más de 600 jóvenes del AMBA, muestra un rechazo amplio y transversal a cualquier retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Democracia: valorada, pero con críticas
El informe también expone una mirada compleja sobre el presente democrático.
Si bien la mayoría de los jóvenes considera importante vivir en democracia, casi la mitad se muestra insatisfecha con su funcionamiento actual.
Aun así, prevalece la defensa de las libertades:
Un 57% prioriza votar y expresarse libremente, incluso con problemas de seguridad
Un 48% sostiene esa postura pese a dificultades económicas
En contrapartida:
Un 39% aceptaría resignar libertades por crecimiento económico
Un 30% lo haría en nombre de la seguridad
Memoria activa en las nuevas generaciones
El estudio destaca que más del 75% de los jóvenes sabe qué se conmemora el 24 de marzo y reconoce los hechos ocurridos durante la dictadura.
La escuela aparece como el principal espacio de transmisión de la memoria (80%), seguida por el ámbito familiar.
Además, un 54% expresa preocupación ante la posibilidad de que hechos similares vuelvan a repetirse, con mayor nivel de alerta entre las mujeres.
Un consenso que se sostiene
Desde Amnistía Internacional remarcaron que los datos reflejan que las nuevas generaciones no solo conocen la historia reciente, sino que sostienen un fuerte compromiso con los derechos humanos.
Argentina, además, continúa siendo un caso emblemático a nivel mundial en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad: desde 2006, más de 1200 personas fueron condenadas en todo el país.
Un nuevo 24 de marzo
En el marco del aniversario, se esperan movilizaciones en todo el país, con eje en la defensa de la memoria colectiva y el reclamo de justicia.
Desde la organización también instaron al Estado a garantizar la libertad de expresión y de manifestación, y a continuar promoviendo espacios de reflexión sobre el terrorismo de Estado.
