El sindicalista estaba acusado de administración fraudulenta por más de $22 millones. La jueza Ana Karina Breckle consideró que no se acreditó la existencia del delito, calificó de “sesgada” la investigación y señaló que el propio gremio negó haber sufrido un perjuicio económico.
El dirigente sindical Guillermo Quiroga fue absuelto este miércoles en el juicio oral que se desarrolló en Rawson, donde estaba acusado de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La decisión fue adoptada por la jueza penal Ana Karina Breckle, quien consideró que no se logró demostrar la existencia de un delito y formuló fuertes cuestionamientos a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal.
Durante la audiencia de cierre, la magistrada sostuvo que se había alcanzado una “certeza negativa absoluta respecto a la inexistencia de delito penal”, por lo que resolvió absolver al dirigente de los hechos que se le atribuían entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.
Una acusación por más de $22 millones
La investigación, encabezada por el fiscal general Lucas Papini, sostenía que Quiroga había realizado transferencias desde cuentas institucionales de ATE hacia cuentas bancarias personales por un total de $22.765.769.
Según la acusación, esos fondos provenían de los aportes sindicales de los afiliados y habrían sido utilizados para afrontar gastos particulares, entre ellos consumos con tarjetas, transferencias a familiares, compras de bienes y viajes.
La Fiscalía y los querellantes consideraban que estas operaciones constituían una defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal.
Sin embargo, la jueza concluyó que la acusación no consiguió probar que el dinero hubiera sido destinado a fines personales ni que se hubiera producido un perjuicio patrimonial para la organización sindical.
El gremio ATE negó haber sufrido un perjuicio económico
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la postura institucional de ATE frente a los hechos investigados.
Según destacó Breckle, desde los primeros requerimientos realizados por la Fiscalía, los máximos representantes del sindicato manifestaron que el patrimonio de la asociación no había resultado perjudicado.
En ese sentido, la magistrada cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal por considerar que no había valorado adecuadamente esa información.
“La falta de objetividad al menos del MPF” fue uno de los señalamientos realizados en el fallo, donde sostuvo que la acusación había optado por desconocer la posición expresada por la entidad presuntamente damnificada.
La jueza también coincidió con planteos de la defensa, ejercida por Edgardo Oscar Romero Bruno, respecto de la ausencia de acreditación del perjuicio económico atribuido al dirigente.
Duras críticas a la investigación y a las pericias contables
La sentencia también puso bajo análisis la manera en que se investigaron los movimientos bancarios y los gastos personales de Quiroga.
Breckle recordó que la obligación de demostrar la existencia del delito corresponde a la acusación y no al imputado, quien goza de la presunción de inocencia.
“Quiroga no debe acreditar nada, constitucionalmente tiene el derecho de no hacerlo”, expresó la magistrada.
Además, cuestionó que la investigación hubiera considerado como únicos ingresos legítimos del dirigente los provenientes de su empleo en el Ministerio de Salud, sin contemplar la posibilidad de otras fuentes legales de ingresos.
Respecto de los gastos con tarjetas de crédito, señaló que no se habían demostrado consumos desproporcionados respecto de su nivel de vida.
La jueza también consideró que las pericias contables presentadas por la acusación estuvieron orientadas a sostener una hipótesis de defraudación, en lugar de examinar objetivamente el movimiento de los fondos.
La jueza vinculó la denuncia con una disputa sindical
Otro de los aspectos destacados del fallo fue el análisis del origen de la denuncia presentada por Claudia Barrionuevo, también dirigente de ATE.
La magistrada señaló que Barrionuevo, en su condición de secretaria de Finanzas, tenía responsabilidades vinculadas con la administración y el control de los recursos de la organización.
Asimismo, valoró testimonios que daban cuenta de la existencia de mecanismos de control cruzado sobre las cuentas del sindicato.
En uno de los tramos más contundentes de la sentencia, Breckle coincidió con la postura de la defensa al considerar que la denuncia había sido “armada, falsa y con una finalidad específica”, vinculada con el intento de desprestigiar a Quiroga en el contexto de las elecciones sindicales correspondientes al período 2023-2027.
Esta interpretación fue expresada por la magistrada en el marco de su evaluación de las pruebas y los planteos realizados durante el juicio.
Absolución tras el juicio oral
Con estos fundamentos, la jueza resolvió absolver a Guillermo Quiroga de la acusación por administración fraudulenta.
La resolución puso fin a esta instancia del proceso penal, aunque la información difundida no precisa si las partes presentarán recursos contra la sentencia.
El fallo no solo descartó la responsabilidad penal del dirigente en los hechos juzgados, sino que también incluyó cuestionamientos a la objetividad de la investigación fiscal y a la valoración de la prueba presentada durante el debate.
