La Municipalidad sostiene que Patagonia Argentina recibió durante años una previsión equivalente al 2% de la masa salarial para afrontar eventuales despidos. La empresa, en cambio, responsabiliza al Ejecutivo por la situación de los 72 choferes desvinculados.
El conflicto por los 72 choferes despedidos de Patagonia Argentina sumó este martes un nuevo capítulo. Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia rechazaron que el Estado local deba afrontar las indemnizaciones y sostuvieron que esa obligación corresponde a la empresa que mantuvo el vínculo laboral con los trabajadores.
La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, afirmó que durante años el Municipio reconoció dentro del costo del servicio una previsión por despidos equivalente al 2% de la masa salarial, destinada justamente a cubrir eventuales desvinculaciones. Según la funcionaria, Patagonia Argentina recibió ese concepto mes a mes y ahora no puede trasladar esa obligación a las arcas municipales.
Los choferes fueron despedidos luego de que venciera el plazo de 90 días previsto mientras se esperaba su incorporación a la nueva concesionaria del transporte público. Patagonia Argentina comunicó las desvinculaciones sin justa causa y responsabilizó al Municipio por la falta de traspaso del personal.
“La empresa debe pagar”
Desde el Ejecutivo sostienen que Patagonia Argentina fue la empleadora directa y que, por lo tanto, es quien debe responder por las indemnizaciones. Juárez insistió en que el Municipio no mantuvo relación laboral con los choferes y rechazó la posibilidad de que los vecinos terminen financiando nuevamente una obligación que, según su postura, ya había sido contemplada dentro del esquema económico del servicio.
La funcionaria también confirmó que la Asesoría Legal municipal analiza acciones contra la empresa, tanto por el planteo sobre las indemnizaciones como por declaraciones realizadas públicamente por su abogado durante las últimas semanas.
En paralelo, el Municipio informó que mantiene conversaciones con la autoridad laboral y la UTA con el objetivo de que los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde.
72 familias en medio de la disputa
Más allá del cruce entre la empresa y el Ejecutivo, la situación deja a 72 familias en un escenario de incertidumbre. Algunos de los trabajadores manifestaron públicamente que todavía no saben a quién reclamarle el pago de sus indemnizaciones y cuestionaron haber quedado en medio de una disputa entre las partes.
El conflicto continuará ahora en el plano laboral y legal, mientras se define quién deberá asumir efectivamente el pago de las desvinculaciones.
La discusión, por el momento, está lejos de cerrarse: Patagonia Argentina responsabiliza al Municipio, mientras que el Ejecutivo local sostiene que la obligación corresponde exclusivamente a la empresa.
