La Municipalidad de Comodoro Rivadavia respondió a las declaraciones de Ferreyra de las Casas, abogado de Patagonia Argentina, quien cuestionó el proceso vinculado al servicio de transporte público y habló de presuntas irregularidades. Desde el Ejecutivo sostuvieron que no presentó pruebas que respalden esas acusaciones y anticiparon que analizan posibles acciones legales.
La disputa por el servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo. La Municipalidad salió a responder públicamente a las declaraciones realizadas por Ferreyra de las Casas, abogado de Patagonia Argentina, luego de que el letrado formulara fuertes cuestionamientos contra funcionarios municipales y el proceso posterior a la licitación del servicio.
Desde el Ejecutivo rechazaron las imputaciones y señalaron que el abogado habló públicamente de una supuesta “asociación ilícita” y de funcionarios que serían “socios” de la actual concesionaria, pero sin individualizar personas, presentar documentación ni mencionar una causa penal concreta que respalde esas afirmaciones.
El Municipio consideró que se trata de acusaciones graves realizadas fuera del ámbito judicial y sostuvo que toda controversia deberá resolverse mediante las vías institucionales correspondientes.
Juárez respondió con dureza
La responsable del área, Cintia Juárez, cuestionó el tono de las declaraciones del abogado y sostuvo que sus afirmaciones forman parte de una estrategia de presión luego de que Patagonia Argentina perdiera la licitación.
“Calificar de ‘amañado’ un proceso que se cuestiona en un juicio aún sin prueba producida constituye una estrategia de presión y no un hecho acreditado”, expresó.
Juárez agregó que el Municipio entregó la documentación requerida cada vez que intervino la Justicia y señaló que, hasta el momento, ningún funcionario municipal fue citado en el marco de las presentaciones realizadas.
“Es la expresión de un hombre derrotado por la realidad que quiere la continuidad de un servicio malo y caro”, afirmó la funcionaria.
El conflicto por los 72 trabajadores
Otro de los puntos centrales de la disputa está relacionado con la situación de 72 trabajadores vinculados al anterior esquema de transporte.
Según el Municipio, el propio abogado de Patagonia Argentina reconoció que existió un acuerdo homologado con intervención sindical. Desde el Ejecutivo remarcaron que todavía no existe un pago consumado al sindicato ni una resolución judicial que declare ilegal alguna de las decisiones cuestionadas.
La Municipalidad sostiene que las conversaciones mantenidas hasta ahora forman parte de una búsqueda de solución para el conflicto laboral y rechaza que puedan presentarse como una irregularidad.
También señaló que el plazo adicional vinculado con unidades pendientes todavía no cuenta con ratificación del Concejo Deliberante.
Una disputa que sigue en la Justicia
El conflicto entre Patagonia Argentina y el Municipio permanece atravesado por presentaciones judiciales y cuestionamientos sobre la licitación del transporte público.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las causas todavía no tienen sentencia definitiva y que las acusaciones deberán probarse en los expedientes correspondientes.
Además, el Municipio indicó que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales por las declaraciones realizadas por el abogado, al considerar que se atribuyeron delitos sin respaldo documental ni judicial.
La tensión se mantiene así abierta entre la administración municipal y la empresa que perdió la concesión, en un escenario donde conviven reclamos laborales, cuestionamientos judiciales y una disputa pública por la responsabilidad sobre el futuro del servicio de transporte.
