La Justicia de Sarmiento formalizó una investigación contra una mujer de 35 años acusada de estafar a los abuelos de su pareja mediante la obtención de préstamos bancarios gestionados sin autorización y transferencias de dinero a cuentas personales.
La imputada, identificada como Celeste Fernanda Soto Assin, fue acusada por el delito de estafa luego de una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento, donde el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de apertura de la investigación presentado por el Ministerio Público Fiscal.
Según la acusación, la maniobra habría comenzado tras ganarse la confianza de las víctimas, ambas personas mayores y familiares directos de su pareja. La Fiscalía sostiene que la mujer utilizó datos personales y biométricos de los damnificados para crear servicios de home banking y gestionar préstamos ante el Banco Nación sin su consentimiento.
De acuerdo con la investigación, en uno de los casos la acusada habría solicitado un crédito por más de 2,4 millones de pesos a nombre de la abuela de su pareja y luego transfirió los fondos a su propia billetera virtual mediante dos operaciones realizadas el mismo día.
La entidad bancaria informó posteriormente a la víctima que debía afrontar el pago de 48 cuotas correspondientes al préstamo otorgado en su nombre.
La segunda maniobra tuvo como víctima al abuelo de su pareja. Según la Fiscalía, utilizando el mismo procedimiento, la imputada obtuvo un crédito por 640.000 pesos que también fue transferido de manera inmediata a una cuenta bajo su control.
Los investigadores sostienen además que parte del dinero fue utilizado para realizar compras y abonar servicios personales.
Uno de los aspectos más sensibles del caso involucra a una mujer que actúa como representante legal de su hija con discapacidad. Según la denuncia, los fondos afectados por la maniobra estaban destinados a una cirugía que la joven debía realizarse en sus piernas, situación que agravó las consecuencias económicas para la familia.
Durante la audiencia, la defensa particular de Soto Assin no formuló objeciones a la apertura de la investigación y propuso avanzar en una salida alternativa del conflicto mediante una reparación económica integral para los damnificados.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que la imputada manipuló los sistemas bancarios para simular que las operaciones eran realizadas por los titulares de las cuentas cuando, en realidad, eran ejecutadas por ella.
El juez Quiroga otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal complete la investigación y determine si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio.
