Lo que parecía un caso aislado ya se transformó en un escándalo que sacude al sistema de salud: fiestas clandestinas con drogas de uso hospitalario, profesionales imputados y al menos dos muertes bajo investigación.
La Justicia avanza sobre una trama que mezcla anestesia, consumo extremo y un circuito ilegal que podría ser mucho más grande de lo que se cree.
La investigación comenzó tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, encontrado sin vida en su departamento en Palermo. A su alrededor había jeringas, una vía intravenosa y restos de sustancias que encendieron todas las alarmas.
La autopsia fue contundente: falleció por una combinación de propofol y fentanilo, dos drogas de uso médico altamente controladas.
A partir de ese momento, el caso dejó de ser una tragedia individual para convertirse en la punta de un entramado más oscuro.
En la causa ya hay dos profesionales imputados: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos vinculados al Hospital Italiano, donde también se denunció el robo de anestésicos.
Las declaraciones internas complicaron aún más el escenario. Según trascendió, Lanusse habría reconocido problemas de consumo, mientras que Boveri admitió haberle suministrado drogas en varias ocasiones, aunque aseguró que fue con consentimiento.
Mientras tanto, los investigadores sospechan que los medicamentos eran sustraídos del sistema de salud para ser utilizados fuera de cualquier control.
Detrás de la causa aparece un circuito clandestino de fiestas donde se ofrecían “experiencias” con sedantes. Las invitaciones hablaban de “viajes controlados”, con personas encargadas de asistir en caso de complicaciones.
Pero el riesgo era extremo: el propofol y el fentanilo pueden provocar paro respiratorio en segundos si no se administran correctamente.
Se cree que en estos encuentros se utilizaban incluso bombas de infusión para regular las dosis, en un intento de simular condiciones médicas fuera de cualquier protocolo real.
En las últimas horas, la investigación sumó otro hecho alarmante: la muerte de un enfermero de 44 años, hallado en su departamento con múltiples ampollas de medicamentos, entre ellos propofol y fentanilo.
El caso refuerza la hipótesis de que no se trata de hechos aislados, sino de una red más amplia vinculada al consumo de estas sustancias.
Con allanamientos, secuestro de insumos médicos y testimonios clave, la Justicia intenta reconstruir el circuito completo:
quiénes participaban, cómo se conseguían las drogas y hasta dónde llegaba esta práctica.
Lo que ya está claro es que el caso expone un problema profundo: el desvío de medicamentos del sistema de salud hacia un mercado clandestino de alto riesgo.
