Un tribunal dictó una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo contra M.O.S., luego de que un jurado popular lo declarara culpable por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de una menor de edad.
La sentencia fue definida durante la audiencia de cesura realizada este viernes, instancia en la que se determinó el monto de la pena tras el veredicto de culpabilidad alcanzado días atrás. El jurado había concluido, por unanimidad, que el acusado era responsable de todos los hechos imputados por la fiscalía.
En su alegato, la fiscal general María Laura Blanco sostuvo que durante el juicio quedó plenamente acreditada tanto la materialidad de los hechos como la autoría del imputado. En ese marco, solicitó una pena de 15 años de prisión, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y las circunstancias agravantes.
Por su parte, la defensa —a cargo de los abogados Benjamín Sanabria y Victoria Parellada— cuestionó algunos de los agravantes considerados y pidió una condena de 9 años.
Finalmente, la jueza técnica Raquel Tassello resolvió fijar la pena en 10 años de prisión efectiva, tras evaluar los planteos de ambas partes.
De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos ocurrieron entre agosto de 2017 y junio de 2021, en el interior de la vivienda que compartían el imputado y la víctima.
El jurado encontró a M.O.S. culpable de los delitos de abuso sexual simple agravado —por haber sido cometido contra una menor de edad y en un contexto de convivencia— y de abuso sexual con acceso carnal, también agravado por las mismas circunstancias, en varios hechos que fueron considerados en concurso real.
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que, en este tipo de casos, se utiliza la identificación del imputado mediante iniciales con el objetivo de resguardar la identidad de la víctima y evitar su revictimización, especialmente en situaciones de abuso intrafamiliar.
Asimismo, se informó que las víctimas de agresiones sexuales pueden acudir a las comisarías de la Mujer o a los dispositivos de asistencia del sistema judicial para recibir acompañamiento y asesoramiento.
El caso vuelve a poner en foco la importancia del juicio por jurados en delitos graves y el rol de los organismos judiciales en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
