Una denuncia judicial presentada por la diputada Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario Manuel Adorni, por supuestos vínculos comerciales entre su consultora y empresas relacionadas con el Estado.
La presentación recayó en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, y plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y un supuesto circuito de relaciones económicas entre compañías privadas y organismos públicos.
El eje de la denuncia
Según el escrito judicial, la consultora +BE, propiedad de Angeletti, habría brindado capacitaciones a directivos de la empresa naviera National Shipping SA, una compañía que mantiene contratos históricos con la petrolera estatal YPF.
De acuerdo con la denuncia, las capacitaciones se habrían realizado en noviembre de 2024 y octubre de 2025, por un monto total cercano a 6,37 millones de pesos.
Para Pagano, ese vínculo comercial podría configurar un circuito indirecto de retorno de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Desde la empresa naviera respondieron que sus contratos con YPF existen desde hace más de 28 años y remarcaron que Adorni fue designado en el directorio recién en enero de 2026, es decir, después de las capacitaciones señaladas.
El capítulo Tecnópolis
La denuncia también menciona la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis, un proyecto estimado en 183.000 millones de pesos por 25 años, administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Entre las empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— también sería cliente de la consultora +BE.
El expediente además menciona la relación de Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia bajo la órbita de Karina Milei, quien habría tenido vínculos previos con ese grupo empresario.
Empresas y contratos bajo análisis
La denuncia también señala que la consultora habría tenido entre sus clientes al Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a organismos públicos como Banco Central de la República Argentina, Banco Nación, AySA, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.
Además, el escrito menciona presuntas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial del Gobierno, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con posibles vínculos entre sí.
Investigación patrimonial
La denuncia también solicita que la Justicia analice la evolución patrimonial de Adorni, ya que —según la presentación— su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.
Ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si configuran un conflicto de intereses en la relación entre empresas y el Estado.
