A pesar de una sentencia firme de la Justicia Federal, el Gobierno nacional anticipó que no dará cumplimiento pleno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, al sostener que “no están disponibles los fondos necesarios” para su implementación. La decisión vuelve a poner en tensión el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y el alcance real de las políticas públicas destinadas a garantizar una vida digna.
El fallo fue dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de manera inmediata con las medidas previstas en la ley y presentar, en un plazo perentorio, documentación que acredite su cumplimiento. La resolución alcanza al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, y establece sanciones en caso de incumplimiento.
Sin embargo, desde la Casa Rosada reconocieron que no cumplirán con la normativa en su totalidad. Funcionarios del Ejecutivo señalaron que “los fondos totales no están” y admitieron que analizan alternativas para evitar una aplicación integral de la ley, incluso evaluando el envío de un nuevo proyecto al Congreso para modificar la normativa vigente.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada para atender una situación crítica: aranceles desactualizados, deudas acumuladas con prestadores, demoras en pagos y pensiones que no alcanzan a cubrir necesidades básicas. El propio fallo judicial exige al Gobierno actualizar los valores de las prestaciones, presentar un plan de pago de las compensaciones adeudadas, reglamentar la ley vigente y garantizar mecanismos de financiamiento que permitan sostener los tratamientos y servicios esenciales.
Desde organizaciones que representan a personas con discapacidad y sus familias expresaron una profunda preocupación por la postura oficial. Señalan que el incumplimiento no es una cuestión administrativa ni presupuestaria, sino una vulneración directa de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Mientras tanto, miles de personas con discapacidad continúan percibiendo pensiones por debajo de la línea de pobreza y enfrentan serias dificultades para acceder a tratamientos, rehabilitación, transporte y apoyos básicos. Prestadores y centros especializados advierten que la falta de actualización de aranceles pone en riesgo la continuidad de los servicios.
La resolución judicial también advierte que, de persistir el incumplimiento, podrían aplicarse sanciones personales a altos funcionarios del Ejecutivo. No obstante, desde el Gobierno minimizaron ese escenario y dejaron trascender que, en el peor de los casos, se trataría de multas económicas.
El conflicto vuelve a abrir un debate de fondo: hasta qué punto el Estado puede invocar restricciones presupuestarias para incumplir leyes vigentes y fallos judiciales cuando están en juego derechos fundamentales. Para las familias y organizaciones, la respuesta es clara: el acceso a la salud, a la asistencia y a una vida digna no puede quedar supeditado a decisiones políticas coyunturales ni a la lógica del ajuste.
